Tratamientos involuntarios
El 80% de los enfermos mentales con tratamiento médico involuntario mejoran su estado salud
Los detractores creen que menoscaba la libertad del paciente y supondría judicializar la atención en salud mental
Estrella Digital/Efe Madrid
El 80% de los enfermos mentales sometidos a tratamiento ambulatorio involuntario mejoran su estado de salud, según los defensores de esta medida, aunque sus detractores creen que menoscaba la libertad del paciente y supondría judicializar la atención en salud mental.
Sus destinatarios son los pacientes con patologías más severas, un amplio historial de ingresos hospitalarios y unas condiciones de vida deterioradas, es decir, el 5% de los alrededor de 400.000 españoles con enfermedad mental grave, unas 20.000 personas.
Para ellos, los promotores de esta fórmula -consistente en el seguimiento y la presión judicial para que los enfermos sigan la medicación siempre bajo recomendación médica- creen que su aplicación evitaría los internamientos, reduciría la estigmatización del enfermo y mejoraría la calidad de vida de los pacientes y de sus familias.
De hecho, la propuesta está incluida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que se tramita actualmente en el Congreso. La magistrada del juzgado de primera instancia de San Sebastián Aurora Elósegui lleva 7 años aplicando el tratamiento entre 40 ó 50 pacientes por año.
"Prácticamente todos recuperan la calidad de vida y no han requerido ingresos" en los 18 meses de tratamiento, señala. El modus operandi comienza con la propuesta de tratamiento por parte de un médico, explica Elósegui, quien insiste en que la medida es sanitaria y el juez solo actúa como garante.
El juez valora con el facultativo si se cumplen las condiciones para llevar a cabo el tratamiento, entre las que figura la existencia de una red de seguimiento y apoyo por parte del centro de salud correspondiente, y posteriormente se le informa al afectado.
En caso de que, a pesar de las llamadas del centro sanitario, el enfermo no cumpla con el tratamiento, el juez interviene para recordarle que debe hacerlo.
"Es sobre todo una labor de persuasión utilizando la autoridad, y la autoridad persuade mucho", afirma Elósegui, quien asegura que la experiencia le ha demostrado que no hace falta llegar al extremo de recurrir a la policía porque los enfermos acuden a los centros y cumplen con el tratamiento.
En términos similares se expresa una orden dictada el pasado mes de enero por la Fiscalía de Valencia que permite el seguimiento judicial del tratamiento sin necesidad de recurrir al internamiento. En este sentido, Carlos Eloy Ferreirós, galardonado con el premio "Discapacidad y Derechos Humanos 2006" del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Obra Social de Caja Madrid, y fiscal adscrito a la Audiencia Provincial de Alicante, asegura que en los países en los que se aplica el resultado es positivo para un 80 por cien de los enfermos.
Ferreirós cita el caso de una persona a la que atendió en un estado de dejadez extrema tras sucesivas recaídas y que consiguió llevar una vida normal después de varios años de tratamiento. Condiciones Sin embargo, insiste en que deben darse las condiciones de apoyo social y médico para llevarlo a cabo. También son favorables la Federación de Asociaciones de Confederación Española de Agrupaciones de familiares de Enfermos Mentales (FEAFES), que asegura que "no hay que rasgarse las vestiduras" porque "nunca sería generalista". Para la gerente de FEAFES, Rosa Ruiz, es positivo porque "está demostrado que las personas que siguen el tratamiento adecuado pueden llevar una vida normal" y apela a la "sensibilidad" de los diputados para que prospere la iniciativa legal que se discute en el Congreso.
En el plano opuesto se sitúan la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) o representantes de la judicatura como el vocal del Consejo General del Poder Félix Pantoja.
A su juicio, la medida supondría que se recurriría al juez de forma habitual porque "es lo fácil", y además "se dejaría de dotar al Sistema sanitario de los recursos necesarios para que funcione desde el punto de vista asistencial y médico".
De la misma opinión es la magistrada de Barcelona Silvia Ventura, quien señala que la Ley de Autonomía del Paciente ya contempla las situaciones de tratamiento obligatorio para situaciones graves.
Ventura recuerda que la atención a estos pacientes no consiste solo en la medicación "y está demostrado que cuando cuentan con una persona al lado que les ayuda y les acompaña al médico la conciencia de enfermedad aumenta".
"No se trata de tenerlos sedados y controlados", sino que la solución pasa por "la concienciación social" y el "incremento de recursos", subraya.
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